Los ingleses utilizan, desde hace unos dos siglos, la denominación “leal oposición” —Muy Leal Oposición de Su Majestad es el término correcto— para referirse a los partidos de la oposición, especialmente a aquel que, sin ostentar el gobierno, es el mayoritario.
El término pretende indicar que los partidos que no gobiernan pueden oponerse a las actuaciones del gobierno, que es aquel que ha obtenido un mayor número de escaños en la cámara legislativa y que, por tanto, es el que ostenta el poder legítimo. Y que esta oposición se realiza manteniendo la fidelidad —la lealtad— a la fuente de poder que es el propio gobierno. Esta concepción facilita el correcto funcionamiento de la democracia, ya que la oposición se puede oponer a las decisiones gubernamentales sin por ello ser acusada de traidora, y a la par guardar la debida lealtad al gobierno legítimamente elegido.
Esta denominación se utiliza en ciencia política para referirse a la oposición como «una fuerza política que, en un contexto pluralista, participa de la acción del poder, verificando su regularidad, discutiendo sus orientaciones e influyendo en sus decisiones a través del ejercicio de las distintas formas de control», en lugar de una «relación polémica entre grupos que tienden a excluirse o anularse recíprocamente».
En nuestro país, desde que accedimos a la democracia, parece que se ha instalado únicamente esta última concepción. Las sucesivas oposiciones que se han sucedido, con mayor o menor intensidad, han actuado con un sentido maniqueo de la acción política estableciendo que, por definición, ninguna de las medidas tomadas por el gobierno de turno es acertada.
Siendo esto malo, en los últimos años estamos asistiendo a una escalada en la que no solo se descalifica toda acción de gobierno, sino que se hace en un tono y unas formas cada vez mas cercanas a la grosería y a la zafiedad, llegándose a discutir la legitimidad de las decisiones gubernamentales.
Esta forma de entender la oposición —que podríamos llamar «desleal oposición»— está produciendo un progresivo alejamiento de la ciudadanía de la acción política, y de sus legítimos portavoces —los partidos—. Estos ciudadanos desencantados pueden ser presa fácil de los «salvapatrias» que se ofrecen para “solucionar” el problema. Quizás sea hora de que la mesura sea una cualidad que se incorpore a la acción política.
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