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De todos es sabido que en nuestro país y en el ámbito laboral existen numerosas irregularidades. Desde trabajadores por cuenta ajena sin contrato hasta contratos por menos horas de las que se trabajan realmente, la lista de actuaciones fuera de la norma por parte de los “pícaros” podría ser muy amplia.
La lucha contra estas irregularidades es practicada, en la realidad, solamente por la inspección administrativa —claramente insuficiente— y, en menor medida, por las instituciones sindicales. Esto provoca que, a pesar de ser conocidas, las irregularidades sigan existiendo, especialmente en las pequeñas y medianas empresas.
Ante una actuación irregular —fuera de norma— por parte de una empresa o un compañero de trabajo, al trabajador con frecuencia solo le queda quejarse a la familia y/o amigos o encomendarse al sindicato correspondiente, a la espera de que su identidad no salga a la luz y pueda ser victima de represalias por su denuncia.
Este problema, que en Occidente no es exclusivo de España, ha recibido atención en otros países. En el ámbito anglosajón existe desde hace años toda una normativa reguladora de la denuncia del trabajador y de las garantías de que dicha denuncia no conllevará represalias para el denunciante. De hecho, hay un término para definir al denunciante —whisthleblower— y una amplia jurisprudencia sobre la denuncia —whisthleblowing—.
La Unión Europea se ha hecho eco de la situación en su ámbito y ha elaborado una propuesta de normativa que está próxima a ver la luz, en la que se contempla toda esta problemática, haciendo hincapié en la protección del trabajador denunciante, llegando incluso a plantear la posibilidad de instituir la denuncia anónima.
En España la figura del denunciante no está bien vista. Hay una amplia sinonimia despectiva para calificarlo —chivato, acusica, soplón, etc.— y pocos quieren caer en estos calificativos. Pero esperar que los demás —empresarios y trabajadores— hagan siempre, y en todos los casos, las cosas ajustadas a la norma no parece una actitud realista, a juzgar por la situación existente.
Esta propuesta de directiva de la Unión Europea, y su trasposición al ordenamiento español, va a suponer un importante reto desde el punto de vista jurídico, ya que entrarán en juego los derechos fundamentales de las partes implicadas, tales como la libertad de expresión, la intimidad y la tutela judicial efectiva. Pero también será, y quizás más, un reto social. Aceptar la existencia de los denunciantes, y valorarlos como una figura necesaria para la mejora del ajuste a la legalidad de empresas y trabajadores, se revela difícil.
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