Pruno (Prunus cerasifera)
Meritocracia es aquel sistema de gobierno en que los puestos de responsabilidad se adjudican en función de los méritos personales. Esta definición goza de aceptación generalizada, al menos en los países occidentales. Casi todos están de acuerdo en que aquellos que gocen de autoridad lo hagan en función de unos méritos demostrables.
Esto es tan así que en la Constitución Española figura consagrado este principio en su artículo 103, en el que se establece que el acceso a la función pública se hará de acuerdo con los principios de mérito y capacidad. Como todo principio general necesita ser definido y desarrollado para pasar de ser un concepto abstracto a una realidad que conforme nuestro sistema de gobierno.
Pero es a la hora de concretar donde desaparece el consenso que expresábamos al principio. Si nos adentramos en el significado de la palabra mérito, la situación se complejiza. En su primera acepción, mérito es la acción que hace al hombre digno de premio o de castigo. En este sentido habría méritos positivos y méritos negativos. Más en línea con lo que generalmente se acepta como mérito estaría la segunda acepción: el resultado de las buenas acciones que hacen digna de aprecio a una persona. La tercera acepción —aquello que hace que tengan valor las cosas— hace más referencia a los objetos que a las personas, por lo que la dejaremos aparte.
Como vemos el mérito precisa de concreción, ya que es una palabra polisémica. Se necesita definir qué vamos a entender como mérito en cada uno de los campos en que queramos utilizarlo. Alguien debe definir qué cualidades de las personas van a ser consideradas méritos para alcanzar un puesto de responsabilidad en la sociedad. Esas cualidades deben ser públicas y aceptables por los candidatos a los puestos. Y también deben ser aceptables y aceptadas con el conjunto de la ciudadanía.
No parece tarea fácil. A veces no se tiene claro quién debe definir los méritos. Otras veces no se cree que las cualidades definidas como tales sean realmente méritos. Y con más frecuencia no se acepta que las personas elegidas en función de esos méritos los tengan en realidad.
Se necesita un consenso social sobre este tema. Y total transparencia en el proceso. Una sociedad tiene que tener la certeza de que los que la dirigen son los más capacitados para hacerlo. Y aún se está muy lejos de ello.
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