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Con el advenimiento de la democracia se ha generalizado una afirmación que requiere precisiones. Me refiero a la que dice que “todas las opiniones son respetables”.
La democracia consagra la libertad de expresión, y en ella se incardina esta afirmación, que se acepta como verdad absoluta, sin recordar que el propio principio en que se inspira —la libertad de expresión— encuentra límites en el ordenamiento jurídico que surge de la voluntad democrática de los pueblos.
Este derecho fundamental garantiza que cualquiera pueda expresar sus opiniones. A nadie se le pone —ni se le debe ni puede poner— una mordaza para que no diga lo que piensa. Pero algunas de esas opiniones no son aceptables por una sociedad democrática y se sanciona su formulación. Todos tienen derecho a hablar, pero lo que dicen no siempre tiene que ser respetado por sus conciudadanos, quienes pueden recurrir a las leyes —emanadas de las instituciones democráticas— para impedir que se sigan realizando determinadas manifestaciones.
Hay numerosos ejemplos en los que la justicia ha condenado a ciudadanos por el hecho de expresar ideas que no son tolerables en democracia. Piénsese en los partidarios del racismo, de la xenofobia, del genocidio, de la pederastia, de la incitación a la violencia —por poner algunos ejemplos—que no pueden expresarse sin caer en el riesgo de ser sancionados, incluso a veces con la privación de la libertad.
La constitución garantiza la libertad de expresar las opiniones, pero no afirma que todas ellas sean respetables. Hay opiniones que no solo no son respetables, sino que son condenables, y para ello la democracia se ha dotado de instituciones tales como el parlamento —que establece mediante las leyes lo que es permisible y lo que no—, y la justicia —que se encarga de aplicar a los trasgresores las leyes que emanan del parlamento—.
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